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06:46 am – eldiscoduro – Francisco Velásquez//
Un proyecto inconveniente

La diputada nacional por Cambiemos Elisa Carrió es autora de un proyecto de ley de defensa y fomento de la competencia, con el fin de reemplazar la ley de defensa de la competencia que rige hoy. La iniciativa, de 172 artículos, busca avanzar en particular sobre el supermercadismo, acentuando las exigencias de información y control sobre productos de la canasta de consumo y potenciando las penas para quienes se aprovechen de una posición dominante del mercado y eleven los precios injustificadamente.

El proyecto se muestra profuso en la creación de órganos con misiones similares. El sistema dispondría del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia, la Agencia Nacional de Defensa y Fomento de la Competencia, el registro nacional de igual denominación, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la Comisión Nacional de Fomento de la Competencia y el Fondo de Fomento de la Competencia.

Más de una vez hemos apoyado desde esta columna editorial las valientes actitudes de la diputada Carrió. Pero en este caso su iniciativa resulta inconveniente, innecesaria e inoportuna. Peca de un exceso de burocracia en una visión voluntarista sustentada en el supuesto de que la competencia se crea mediante medidas activas del Gobierno. En su lugar, debería avanzarse en la apertura de la economía como el camino genuino para asegurar la competencia.

La iniciativa propone crear un programa aplicable a las que denomina “grandes superficies comerciales alimentarias”, que comprenden los supermercados de más de 200 m2 en ciudades de menos de 500.000 habitantes o de más de 300 m2 en centros urbanos mayores. El Gobierno definirá cuáles productos serían alcanzados. A éstos se los denominará “mercados de interés de competencia” con el fin de evitar que pocas empresas de alimentos dominen las góndolas y suban arbitrariamente los precios. En cada establecimiento y para cada producto se registrará el precio mínimo ofrecido (PMO), que será objeto de monitoreo y publicación y que reemplazaría a los Precios Cuidados.

Si el supermercado no respeta el PMO, en un tramo más leve será sancionado con multas en efectivo. En un escalón más severo, se contempla que quienes violen la ley serán penados con 2 a 8 años de prisión e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de condena. Se propone, además, crear una suerte de policía comercial.

La legislación actualmente vigente trata y penaliza el abuso de posición dominante de un mercado.

Francisco Velásquez

Establece 14 situaciones de violación de la competencia, con penas pecuniarias y comerciales. No incluye la de prisión, que sí está contemplada en la mal recordada vieja ley de abastecimiento, utilizada como un garrote por los gobiernos intervencionistas. Si la efectividad de la ley de defensa de la competencia fue deficiente, no lo fue por ausencia de normas, sino por la increíble morosidad en la constitución del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. La determinación de prácticas monopólicas es posible sobre la base de los procedimientos y las intervenciones que esa norma prescribe. Pero mucho más difícil -y en algunos casos imposible sería determinar si un precio fue aumentado sin justificación cuando ello ocurre dentro de un proceso inflacionario. Si además el juicio de un funcionario sobre este punto puede dar lugar al encarcelamiento de gerentes, directores o el propietario de un supermercado, es fácil deducir el temor que tendrá cualquier inversor.

El texto del proyecto de la diputada Carrió está siendo analizado por el Poder Ejecutivo para definir su presentación al Congreso. Si bien en el entorno presidencial hay una gran preocupación con la inflación, los funcionarios deberían intuir que la promoción de esta ley generaría temor en empresarios correctos y en inversores, quienes bien podrían interpretar que hay un avance intervencionista y que podrían terminar en la cárcel por decisiones gubernamentales arbitrarias.

Se entiende la preocupación del gobierno de Mauricio Macri por contrarrestar críticas a su supuesta inacción para contener la inflación. Buena parte del periodismo las ha hecho suyas y en muchos casos se afirma falazmente que la razón es que el Gobierno se ocupa de los ricos y no de las pobres. Sobran experiencias históricas que convalidan que la inflación no se corrige actuando sobre los cambios de los precios en los supermercados. Se estaría de esa forma operando sobre los efectos y no sobre las causas. Las prácticas por abusos de posición dominante pueden ser combatidas con la ley vigente de defensa de la competencia sin que sea necesario hacerse de nuevos atributos de un poder castigador. Aunque se dé transitoria satisfacción a los sentimientos antiempresarios, no se logrará parar la inflación si no se corrige el enorme déficit fiscal y la consiguiente expansión monetaria. Sólo se desalentaría la inversión, que es la palanca del desarrollo y de la creación de empleo genuino.

LA NACION Opinión Editorial

Francisco Velásquez

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Con información de: La Nacion